Primero fue el alcohol. Después, el tabaco. Y ahora le toca el turno a los refrescos azucarados. Sí, a la Coca-Cola, la Pepsi, la Fanta e incluso la Cola Konga, si es que existe.
La gran batalla está a punto de comenzar. De un lado, hombres del mundo de la nutrición, elfos de las asociaciones médicas y hobbits de la vida sana, que exigen para estas bebidas el mismo tratamiento que reciben el licor y los cigarrillos. Es decir, un impuesto especial que ayude a frenar los graves problemas de salud que generan en la población, en su caso, el de la obesidad. De otro, orcos, trolls y nazgûls de las multinacionales del refresco, dispuestos a mover todos los hilos a su alcance para que no se implante ninguna tasa, como demuestran las recientes presiones que recibió el presidente de Cataluña por parte de EEUU. Un país, por cierto, donde –concretamente en la ciudad de Nueva York– la prohibición de vender refrescos de tamaño XL que se iba a implantar próximamente ha sido bloqueada por un juez del tribunal supremo por considerarla "arbitraria y caprichosa".
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